Washington, EUA.- La batalla por la resolución del caso Ayotzinapa sigue vigente, más de dos años y medio después de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, todavía se desconoce el paradero de las víctimas y la identidad de los autores; ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los padres de cuatro de los desaparecidos acudieron este viernes a Washington para insistir en la resolución del caso frente a una delegación del Gobierno de México.

“Más de dos años y seguimos sin una respuesta favorable. Hemos caminado, viajado, marchado y no tenemos una respuesta. Sólo mentiras del Estado, que no ha hecho nada por saber dónde están nuestro hijos”, dijo entre sollozos Joaquina García Velázquez, madre de uno de los 43 normalistas. Durante una audiencia tensa y emotiva, el padre de otra víctima afirmó que “el Estado mexicano es mentiroso y corrupto”.

Los familiares, acompañados por varias decenas de simpatizantes, acusaron a México por su falta de compromiso y transparencia con el caso, y le criticaron por haber escondido información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH en noviembre de 2014 para cooperar con el Estado en la investigación. El propio GIEI rompió su relación con México en 2016 tras advertir de irregularidades en los procedimientos y discrepar con la hipótesis oficial: que las víctimas fueron incineradas en un basurero de Cocula.

Frente a ellos, una delegación del Gobierno de México respondió a las quejas reafirmando la gravedad del caso y sosteniendo que son conscientes de que “tienen la responsabilidad de hacer todo cuanto sea necesario para hacer justicia, plena y completa”, según afirmó el fiscal especial del caso, Alfredo Higuera. “Se han cometido severas violaciones a los derechos humanos”, dijo sobre el crimen, y consideró que los padres y familiares “tienen todo el derecho del mundo para demandar justicia”.

Otros miembros de la delegación, menos empáticos con los testimonios de los familiares, legitimaron la hipótesis y defendieron que México había investigado exhaustivamente este caso. “No se ha consolidado otra hipótesis u otra línea de investigación que rechazaron los familiares”, afirmó Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Ante la incredulidad de los familiares y atendiendo a sus solicitudes, Campa se retractó y afirmó que el Estado continuaba con “plena disposición para seguir investigando otras líneas y vertientes” que pudieran resolver el crimen.

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