Por Ana Muñoz
Informativo Turquesa

Todo parece indicar que las sospechas de diversos actores políticos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con respecto a que los exgobernadores de Quintana Roo y Veracruz, Roberto Borge Angulo y Javier Duarte Ochoa, respectivamente, quedaría en libertad al ser juzgados por la justicia mexica, se hará realidad.

El mal augurio lo dio ahora Francisco de la Portilla Sordo, fundador de la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos, en su reciente visita a Cancún.

El experto señala que las autoridades mexicanas tendrán dificultad para probar la culpabilidad de ambos mandatarios, debido a que no hay gobernador que firme un contrato, ni funcionario que vaya y deposite dinero público a una cuenta a su nombre, lo cual hace muy difícil que exista una prueba directa que los vincule.

De la Portilla Sordo va más allá con sus declaraciones, matando las esperanzas de los actuales gobernadores de estas dos entidades, Carlos Joaquín González (Quintana Roo) y Miguel Ángel Yunes (Veracruz), quienes buscan rescatar una parte de lo desfalcado: “Muy difícilmente se podrán recuperar los miles de millones de pesos desviados, ya que en México, en promedio solo se recuperan tres pesos por cada mil desfalcados al Estado”, lo que da un panorama de lo que puede suceder en los casos de Quintana Roo y Veracruz.

La semana pasada, el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá ordenó el formal arresto en contra del exmandatario quintanarroense, Roberto Borge, para evitar su fuga mientras se lleva a cabo el proceso de extradición que solicitó el gobierno mexicano el pasado 27 de julio.

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la extradición de Borge Angulo basado en cuatro causas penales: la primera del fuero federal, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y las tres restantes por causas del fuero común, por lo que hace a los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.

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CASO DUARTE
Sobre el caso Duarte, aún siguen las inconformidades y sospechas sobre el actuar de las autoridades de la PGR, luego de que a dos días de su ingreso al Reclusorio Norte (el pasado 17 de julio), un juez federal otorgó suspensión provisional contra dos órdenes de aprehensión, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición.

Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, aseguró que la actuación de la Procuraduría General de la República en el caso del exmandatario veracruzano, huele a complicidad y consideró inaceptable que no haya proceso judicial contra Javier Duarte, su esposa y sus secuaces por desfalco millonario a las finanzas del estado de Veracruz cuando la Auditoría Superior de la Federación y otras instancias federales y locales tienen conocimiento y sustento del saqueo.

Por lo pronto, en los últimos días el caso se ha centrado en pesquisas en torno a supuestas amantes y prestanombres del exgobernador de Duarte Ochoa.

BORGISTAS CON ORDEN DE APREHENSIÓN
Además del exgobernador Roberto Borge, otros dos exfuncionarios están presos, seis tienen orden de aprehensión pero siguen libres y se investiga a entre 12 y 14 más, aseguró recientemente el gobernador del estado, Carlos Joaquín González.

El mandatario estatal explicó que Roberto Borge tiene tres denuncias directas ante la PGR y algunas más en la Fiscalía del Estado por delitos, como: venta ilegal de tierras del estado que vendió a precios muy bajos respecto a su valor comercial, movimientos irregulares de recursos, uso inadecuado de aviones y pagos por vuelos no efectuados.

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