Por Ana Muñoz
Informativo Turquesa

A un año de su entrada en vigor, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio todavía requiere de reformas legislativas para su consolidación, que corren el riesgo de ser desvirtuadas por una iniciativa que plantea retrocesos en sus normas y principios, advirtieron investigadores del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) durante la presentación de su reporte “Hallazgos 2016: Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México”.
“Estamos en una encrucijada. Estamos viendo que la adecuada operación del sistema de justicia penal va a requerir más tiempo y que todavía necesita de reformas para garantizarla, pero ya han surgido propuestas legislativas que pretenden endurecer las normas procesales del sistema acusatorio en busca de una mayor eficiencia en la persecución delictiva, y representarían una contrarreforma. No podemos dejar que esto suceda”, advirtió Edna Jaime, directora general de CIDAC y México Evalúa.
La sustentabilidad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio está en riesgo, en gran parte por las deficiencias institucionales de las procuradurías y las policías, que no cuentan con las capacidades de investigación criminal necesarias para llevar a los criminales ante la justicia y por las fallas de coordinación entre ambas, recalcó por su parte María Novoa, directora del Área de Justicia de CIDAC.
Destacó también la ausencia de esfuerzos de mejora continua con el objetivo de consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como la falta de coordinación y planeación integral en la operación del mismo, tanto en el ámbito federal como en el local.

Al rescate del nuevo
sistema de justicia

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Para alcanzar el nivel óptimo en la operación del sistema de justicia, es necesario que se lleven a cabo distintos esfuerzos de política pública. Con este objetivo, CIDAC plantea una Estrategia para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio que incluye las siguientes acciones:

1.- Creación de una instancia técnica interinstitucional y nacional: dicha instancia debe estar conformada no solo por representantes de los tres poderes de gobierno sino también por funcionarios de instituciones que, hasta ahora, no han jugado un rol relevante en la implementación del sistema, como las defensorías, los poderes judiciales locales y el sistema penitenciario.

2.- Atención a los vacíos y las brechas del proceso de implementación: se debe fortalecer las unidades de seguimiento a medidas cautelares a nivel estatal y federal e integrar el sistema penitenciario en el proceso de implementación de la reforma penal.

3.- Planeación integral para la mejora continua: una planeación coordinada debe coadyuvar a la articulación y ejecución de las políticas públicas sectoriales con un enfoque sistémico.

4.- Aprobación de las reformas legislativas pendientes: es necesario aprobar las modificaciones legislativas para corregir las deficiencias en materia de prisión preventiva de oficio y vinculación a proceso, así como para resolver las contradicciones con el régimen de excepción para delincuencia organizada.

5.- Creación de mecanismos homologados de evaluación: se deben generar mecanismos de seguimiento y evaluación institucionalizados homologados a nivel nacional.

6.- Implementación de un servicio profesional de carrera en la práctica: la cantidad de personas capacitadas durante los años de implementación de la reforma resultará irrelevante si no se garantiza la profesionalización y especialización de estos operadores.

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