Por Edmundo Hernández.
Mérida, Yucatán. 25 de Junio del 2013.

Un total de nueve municipios confirmaron su participación en las labores para evitar el delito impulsadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), que continúa la capacitación y asesoramiento del personal, que estará a cargo de las Unidades de Prevención en cada comunidad.

La promoción de dichas Unidades al interior del estado tiene como finalidad dar a conocer las actividades que realiza la FGE en beneficio de la población, por lo que dichos trabajos continuarán por todo el territorio yucateco.

Luego de la reciente visita al municipio de Hunucmá, donde se reunieron con autoridades de la Dirección de Prevención del Delito de la Fiscalía ampliaron el número de ayuntamientos interesados en el plan y que a la fecha incluyen a Celestún, Chocholá, Maxcanú, Opichén, Samahil, Valladolid, Motul y Yaxcabá.

Tras visitar el Oriente de la entidad, los funcionarios estatales se dirigieron a la región Poniente con la finalidad de incrementar la colaboración entre las comunas y la institución de procuración de justicia, para promover los diversos programas de la dependencia entre los servidores públicos y personas de la comunidad.

Por lo pronto, en Hunucmá se reunieron decenas de personas en el “Salón de los retratos” del Palacio Municipal, que se sumaron a los participantes reunidos días antes en Maxcanú, en donde se desarrolló la capacitación para servidores públicos y sociedad civil, quienes serán los encargados de llevar a cabo las acciones en materia de prevención que implementa la FGE.

Cabe destacar que entre los que asistieron a la actividad se encontraban representantes civiles de dichas localidades, quienes serán los encargados de replicar los programas entre los pobladores de su comunidad.

Los participantes respondieron de manera positiva a la preparación que se les brindó, y además se les proporcionó el material necesario para poder desarrollar los talleres sobre prevención del delito, aunado a un seguimiento por parte de los capacitadores para darle continuidad al plan y asesoría a los interesados.

Por su parte, los servidores públicos de las comunas tendrán la responsabilidad de amparar debidamente a las víctimas y serán sensibilizados para manejar las diversas situaciones que se puedan presentar, brindando un trato amable e informando a los afectados sobre cuáles son sus derechos y deberes, para que actúen adecuadamente ante un hecho delictivo.

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