Por Antonio Ortiz

Cancún, Q. Roo.- Rosa María Márquez Pérez, presidenta de la Red por la Equidad y los Derechos Humanos en Quintana Roo, dijo que espera que los legisladores del Congreso del Estado de Quintana Roo tomen en cuenta las propuestas y recomendaciones hechas desde meses atrás para que se tenga una verdadera representatividad la Ley de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ahora que se abrogue la ley borguista, publicada el 14 de agosto de 2015, indicó.

Dijo que al saber de la propuesta hecha por los diputados integrantes de las comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Derechos Humanos, de la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo, inició la revisión de la misma con otras asociaciones de la sociedad civil.

Calificó de poca seriedad la postura de los diputados, específicamente de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pues a seis meses de que el gobernador Carlos Joaquín presentara la propuesta de abrogación de dicha Ley apenas la van a discutir.

Lamentó que a pesar de los foros ciudadanos con defensores de derechos humanos y representantes de los medios de comunicación, realizados meses atrás, no escuchó las innumerables propuestas y correcciones solicitadas.

Dijo estar de acuerdo con la propuesta del gobernador Carlos Joaquín de abrogar la Ley autorizada bajo el mandato de Roberto Borge, pero pidió que “se hagan bien las cosas a fin de evitar que nazca un nuevo marco jurídico parchado”.

Al igual que manifestaron su postura los integrantes de la Red, el día que participaron en el foro ciudadano, Rosa María Márquez, insistió que en la actual Ley no ve reflejadas las necesidades de proteger a los personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas para ejercer libremente su trabajo.

Señaló que a pesar de que le han pedido de manera reiterada a la diputada Eugenia Solís, no se ha sentado con ellos para analizar a profundidad la redacción de una nueva Ley y remplazar a la autorizada por Roberto Borge.

Recordó que los cargos de representación popular sólo duran tres años en el caso de los diputados; en tanto que las instituciones perduran, ya que dicho marco jurídico sienten que no protegen el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y a los reporteros y periodistas.

De ahí que, consideró, el “Congreso del Estado ya tiene deudas muy puntuales con la sociedad en este tema; pues a punto de terminar el año cerrarán el año con números rojos, al sacar las cosas a bomberazos”.

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