POR JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Ramiro Hernández Ocotzi, ejidatario de la comunidad de Aarón Merino Fernández, representante de un grupo de 20 ejidatarios denunció que desde hace unos meses, se les ha castigado con el derecho de voz y voto en las asambleas por una ocurrencia, dijo, del ex diputado perredista Román Guzmán González, de Edmundo Gómez Trejo y Juan Manuel Herrera, a quienes acusó de “delincuentes”.

Estos tres personajes, dijo, a oscuras de la Asamblea, se encuentran haciendo negocios con las tierras del Ejido que representa el patrimonio de la gente.

En conjunto dijo, con la Notaría 43, que encabeza la Abogada Dolores de la Merced Rivera Aguilar, se hacen contratos privados de compra-venta por terrenos o lotes de terreno que su valor actual es de 50 pesos por metro cuadrado (por decreto).

“La Notaría les asesora para que hagan trabajos de compra-venta y lo que hacen es que los valores catastrales se disminuyen a 17 mil o 20 mil pesos lo que les permite evadir impuestos del pago del dos por ciento más el uno por ciento y otros.

“Evidentemente al disminuir los impuestos catastrales de los predios no se les pagan los impuestos como es debido, ¿por qué las autoridades les apoyan a disminuir los precios y se están pagando cantidades inferiores y ridículas”, dijo.

A la fecha, dijo, se tienen registradas 76 escrituras ante el Registro Público de la Propiedad, de las cuales se cuenta con copia de ocho y que significa la venta de al menos 100 hectáreas que se han vendido que son ingresos para el ejido de casi 50 millones de pesos.

Este dinero, dijo, por tratarse de transacciones en lo “oscurito”, no llega a las arcas del ejido.
Las personas involucradas, demandó, se prestan a evasión de impuestos por no declarar lo correspondiente al valor real e incluso, consiguen peritos para realizar las valoraciones.

Anunció en ese orden, que interpondrán una denuncia ante la Procuraduría Fiscal del estado para que pueda tener injerencia por la afectación que ocasionan a la Hacienda estatal y municipal; además de hacer del conocimiento al presidente municipal de Bacalar, Francisco Flota Medrano para hacer de su conocimiento lo que ocurre aunque creen que lo sabe y que incluso pueda estar coludido.

“Porque bajar un valor catastral en un 95 por ciento, creo que no es posible y no hay ley que lo permita”, indicó.

Además afirmó que muchos ejidatarios han sido constantemente amenazados en coartar sus derechos ejidales y otros, la mayoría no conocen de estos asuntos.
“Han tomado acuerdos de que venderán nuestras tierras de manera absurda y ridícula pero algunos si lo creen y han preferido no meterse y cuidar sus intereses”, dijo

Añadió que ya presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el delito de fraccionamiento pues ellos nunca obtuvieron los permisos ante la Secretaría de Desarrollo Social para fraccionar y dividir mil 105 hectáreas.

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