Por Martha Juárez
Informativo Turquesa

Las leyes obsoletas del Código Penal mexicano que datan de 1991 impiden que se apliquen sanciones ejemplares a funcionarios públicos que empobrecen a los estados y municipios, ya que no se considera un delito grave y alcanzan fianza para llevar a cabo su proceso judicial en libertad.

Sobre este tema, el presidente de la Barra de Abogados de Cancún, Luis Esquivel Orozco, considera que para combatir la corrupción y la impunidad en nuestro país es urgente que se hagan las modificaciones correspondientes al Código Penal nacional y al Código de Procedimientos Penales, para que quienes se aprovechen de su cargo, para malversar fondos públicos, reciban sanciones ejemplares y sean calificados como delitos graves e incluso como traición a la patria.

Actualmente, estos presuntos delincuentes “de cuello blanco” pueden obtener sentencias mínimas y enfrentar sus procesos penales en libertad poniendo como garantía bienes, porque el nuevo sistema judicial privilegia la reparación del daño.

Tal es el caso de la exsubsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Paulina García Achach, quien fue liberada en días pasados, luego de haber sido detenida para enfrentar un proceso penal por desempeño irregular de la función pública.

La exfuncionaria garantizó con bienes el monto 39 millones de pesos que fue impuesto por un Juez de Control, lo que le permitirá enfrentar su proceso judicial en libertad, pero sin poder salir del país. García Achach está co-acusada en el caso del extitular de la Seduvi en la pasada administración, Mauricio Rodríguez Marrufo, y tiene otra denuncia por daño patrimonial por un monto de ocho millones de pesos.

Un día antes del arresto de Paulina, fue arrestado Mauricio Rodríguez Marrufo, luego de que se girara orden de aprehensión en su contra derivada de la carpeta administrativa 88/2017 de la Fiscalía General del Estado (FGE), por el delito de desempeño irregular de la función pública. Sin embargo, en este caso se dictó cárcel preventiva, para evitar que pudiera evadir la justicia por lo que enfrentará su proceso en prisión, a pesar de que le fueron embargados bienes por el orden de los 40 millones de pesos.

Aunque esta carpeta de investigación podría derivar de 11 a 14 detenciones más de exfuncionarios borgistas, muchos de éstos podrían enfrentar sus procesos en libertad, pero además, en caso de que sean declarados culpables, solo cumplirían penas corporales de seis meses a tres años de prisión, y podrían quedar libres con anticipación por buena conducta y pagar una fianza.

“VÍA LIBRE” A LA CORRUPCIÓN
En este escenario, para un funcionario enfrentar penas mínimas (seis meses a tres años de prisión) por actos de corrupción que no son considerados delitos graves, es difícil inhibir estos delitos que se multiplican en todos los niveles de gobierno, porque no se imponen penas ejemplares, lamentó el representante de la Barra de Abogados de Cancún.

“El sistema es el que está mal diseñado, porque los delitos que cometen los funcionarios no son catalogados como graves y los que cometemos los civiles, tienen todo el peso de la ley. Pero cuando es el funcionario el que desvía fondos públicos y se aprovecha de sus puestos y comete este tipo de delitos, no son graves, lo que es lamentable y es una burla para los ciudadanos, expresó Esquivel Orozco.

MÁS ÓRDENES DE APREHENSIÓN
Rafael del Pozo Dergal, secretario de Gestión Pública en Quintana Roo, recordó que la dependencia a su cargo ha presentado varios paquetes de carpetas de investigación por la presunción de posibles delitos, además de la que derivó en las órdenes de aprehensión para que dos exfuncionarios enfrenten procesos penales por presuntas irregularidades durante su desempeño en la pasada administración.
“La Contraloría del Estado presentó a la Fiscalía varios paquetes de investigación en noviembre, diciembre y hace dos meses, para que se investigue tanto en el ámbito local como federal la actuación de exfuncionarios de diversas dependencias por presuntas irregularidades en la renta de aviones a cargo del erario público, entre otras dependencias, cuyos extitulares están en el ‘ojo del huracán’”, refirió Del Pozo Dergal.

Con base en lo anterior, en cualquier momento podrían girarse más órdenes de aprehensión, tanto de la carpeta administrativa 88/2017, que involucra de 11 a 14 exfuncionarios, así como de otras secretarías que están siendo investigadas por la Fiscalía del Estado.
Otras personas que se investigan son la exdirectora del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, a quien se le otorgó un amparo, además del exsecretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Pablo Guillermo Molina, quien también está amparado, pero en este caso enfrenta un proceso de juicio político por parte de la XV Legislatura.

MILLONARIO DESFALCO
En el caso de los procesos penales que enfrentarán Mauricio Rodríguez Marrufo y Paulina García Achach, son por la venta irregular de terrenos del Estado, donde se otorgaron descuentos del 20 hasta un 93 por ciento de su valor real, quitándole la oportunidad de contar con un patrimonio a por lo menos mil familias de escasos recursos de la Zona Norte, ya que dichas propiedades se encuentran ubicadas en los municipios de Benito Juárez, Tulum, Solidaridad, Cozumel y Othón P. Blanco con un daño patrimonial superior a los 39 millones de pesos.

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